Río+20 se desarrolla en una coyuntura global de crisis. No sólo asistimos a las consecuencias residuales de la crisis financiera de 2008, sino a una crisis de mayor magnitud en todos los indicadores sociales y económicos. Aunque focalizada la mirada de analistas y de la opinión pública en Europa y Estados Unidos, la coyuntura manifiesta señales de colapso (en un sentido más dramático) o de agotamiento de un modelo de desarrollo capitalista de sello neo liberal. Los organismos multilaterales alertan acerca de las modalidades de la crisis y las necesarias políticas de ajuste que permutan retomar el crecimiento y reducir el déficit fiscal de los países en banca rota. Sin embargo, existe una creciente toma de razón acerca de las consecuencias basales de esta crisis, de manera especial en materias de recortes de gasto social, tanto de parte de los propios observadores económicos como de los movimientos ciudadanos.
El desarrollo de la participación ciudadana y la generación de redes sociales activas frente a situaciones de violación de derechos humanos y de catástrofes medioambientales están siendo un factor de cambio muy significativo en la política de los países. Llevando el debate sobre las formas institucionales del sistema democrático a puestos prioritarios de las agendas nacionales.
Existen movimientos muy fuertes orientados a desarrollar procesos auto-constituyente, de iniciativas populares de ley y de generación de nuevas Constituciones. Estas demandas civiles de alcance institucionales están plenamente integradas en los movimientos anti-dictaduras en los países árabes, en las movilizaciones de los “indignados-as” y de los-as estudiantiles, que hemos visto progresar en los últimos meses en el mundo.
Los movimientos ciudadanos globales coordinan sus propuestas y articulan formas de colaboración y acción en todos los niveles en los cuales se debate la agenda de la Sustentabilidad. Un dato importante es la transversalidad de esta agenda, que orienta y da sentido integrador a muchos movimientos sectoriales, que en el pasado actuaban de una manera particular, sin llegar a tener una capacidad de manifestación global, que respetando la diversas pone el acento en los giros civilizatorios que requieren las sociedades y el planeta para enfrentar el futuro.
Para algunos sectores, Río+20 es una oportunidad para enverdecer la salida a las crisis, hacer llamamiento a la responsabilidad social y ambiental de las empresas, establecer acuerdos “en la medida de lo posible” ante el cambio climático y generar un movimiento “progresista” que “ambientalice” la agenda global, en consonancia con los objetivos del milenio, y poniendo el acento en la lucha contra la pobreza y las discriminaciones.
En esta encrucijada, es preciso hacer un llamado a generar condiciones para vivir en un mundo sustentado en un justicia inter-generacional, asumida como cultura política y sistema organización institucional que potencie las dimensiones participativas de la democracia y el reconocimiento de las diversidades de la culturas y de sus visiones de mundo y del bien- estar o buen.-vivir.
La “sustentabilidad” en todas sus dimensiones supera el paradigma “progresista” del desarrollo sustentable. Sustentabilidad es Dignificación, Justicia y Democracia Participativa. Esto implica un giro político y cognitivo, y en esos términos de “disputa” y de apertura a nuevos paradigmas de buen-vivir, debe darse el debate en el camino a Río+20, así como deben orientarse los procesos educativos y de aprendizaje, entendidos como la creación de capacidades de los ciudadanos-as, de las comunidades, de los movimientos ciudadanos para actuar y crear nuevas condiciones de “ser humano-a” y de “estar-habitar-el.-planeta”.
La crisis global es una oportunidad para la configuración de nuevas formas de acciones colectivas en todo el planeta. El discurso que cruza transversalmente estas movilizaciones es la democratización del poder, de la economía, de la educación. Los educadores-as no son actores ausentes, a la inversa: junto a los estudiantes y las comunidades conforman una poderosa expresión ciudadana de carácter global. La educación y sus instituciones convencionales están en discusión de manera sustantiva. No sólo por un asunto de acceso y calidad a los servicios escolares, sino por su incapacidad para entregar nuevas respuestas a los cambios globales, y para orientar a las personas y sus comunidades hacia una sociedad justa y sustentable.
El futuro y la sustentabilidad social y planetaria (eco-política) son núcleos vitales de una propuesta educativa en los actuales tiempos de movilización. Esta propuesta implica desarrollar una pedagogía ciudadana que habilite a los jóvenes y a todas las personas a manifestarse como sujetos activos; para ello las instituciones escolares y comunitarias deben abrirse a descubrir nuevas modalidades de aprendizajes, de concebir las aulas y el rol de los-as docente y de la relación de las escuelas con sus comunidades y sus entornos eco-sociales
El cambio paradigmático en educación, como condición para avanzar hacia sociedades justas y eco-sustentables, debe suponer un cambio en los enfoques tecnicistas y economicistas de las políticas educativas vigentes. Propiamente podemos decir que se requiere una “revolución educativa”, como han sostenido los movimientos estudiantiles chilenos o colombianos: es preciso reivindicar el derechos a aprender “de todas las personas durante toda su vida”, sin embargo, esta consigna no debe entenderse como la expresión de un tipo de capacitación permanente, sólo para satisfacer las necesidades de los mercados y los requerimientos de las viejas y nuevas industrial. Se trata de desarrolla “educaciones” que desarrollen capacidades humanas que permitan el “buen vivir”, incluyendo las capacidades cognitivas, de pertenencia y participación social, de convivir con otros-as en la diversidad y la diferencia, cuidar y planificar la propia vida con pleno apego solidario a la vida de los eco-sistemas en los cuales se desarrolla la Vida.
Las organizaciones educativas y los movimientos globales de los educadores-as tenemos una tarea común, cual es desarrollar itinerarios pedagógico-políticos en función de los requerimientos formativos de territorios concretos, a partir de sus culturas propias, de sus economías locales y de su relación con los mercados globales , de sus propias estructuras propias del empleo, de las capacidades de carga de sus eco-sistemas y de las necesidades insatisfechas de sus poblaciones para disfrutar un bien-estar eco-humano.
“Mover el futuro” es una consigna global que impacta en los educadores-as, en cuanto los hace responsable de los aprendizajes que las comunidades necesitan desplegar para crear un capital cívico y un poder ciudadano suficiente que llegue a ser capaz democratizar la política y distribuir socialmente el poder”.
Extracto del Documento del GT Educación
Porto Alegre, enero, 2012
Sistematización: ICAE, Jorge Osorio-Vargas (integrante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés)
Para descargar el documento completo inserto en la Revista de Pensamiento Latinoamericano de ALAI, hacer clic en este enlace
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