Para alcanzar el objetivo general de la Unión Europea (UE) de reducir las emisiones de gases invernadero (GHG) en un 20% en 2020, los gobiernos nacionales deben llevar a cabo medidas de eficiencia energética y de producción de energías renovables. Estas medidas deben ser implementadas en todos los niveles territoriales entre los que adquiere especial relevancia el ámbito local, pues las ciudades son importantes generadores de emisiones. De acuerdo con el informe Cities and Climate Change de 2011 de UN-Habitat, las ciudades emiten en torno al 30-40% de emisiones GHG, desde un punto de vista de la producción, mientras que este porcentaje aumenta hasta el 60-70%, desde el punto de vista de consumo. Puede así afirmarse que el problema global del cambio climático tiene sus raíces en el uso local de energía. Asimismo, los entornos urbanos son los lugares donde habitualmente se produce la acumulación de esas emisiones, haciendo que se superen más fácilmente los límites establecidos por la OMS y afectando gravemente a la salud de adultos y de niños. Esto se refleja en un aumento de la mortalidad en ciudades con niveles elevados de contaminación, donde se supera entre un 15-20 % la registrada en ciudades más limpias, de acuerdo con los niveles de la OMS.
Un número creciente de ciudades están reconociendo el potencial de reducción de emisiones en sus territorios y han comenzado a establecer objetivos voluntarios de reducción de emisiones y a diseñar planes de acción climáticos. A lo largo del mundo, las acciones locales se vienen extendiendo a través de asociaciones internacionales y redes de ciudades que tratan de fomentar las capacidades locales para luchar contra el cambio climático. En Europa, este hecho se observa en el desarrollo de algunas redes desde los años noventa, tales como Climate Alliance, Cities for Climate Protection Campaign, and Energie-Cité.
La iniciativa más reciente a nivel europeo ha sido la firma del Pacto de Alcaldes. En enero de 2008, la Comisión Europea inició este acuerdo, que constituye una forma directa de cooperación entre las ciudades y la UE. Mediante esta iniciativa, las ciudades se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 más allá del objetivo de la UE a través de políticas de promoción de ahorro energético y energía renovable.
Estas medidas son variadas y se pueden agrupar en varias líneas de acción o líneas estratégicas. Estas líneas son edificios, equipamientos e instalaciones en el sector residencial; transporte; producción local de electricidad; ordenación territorial; contratación pública de productos y servicios; colaboración con los ciudadanos y partes interesadas; y por último, otras actuaciones, tales como gestión de residuos y aguas residuales.
Desde un punto de vista energético y medioambiental, el sector residencial es clave debido al peso que tiene que en la demanda de energía. En España, este sector representa el 17% del total de consumo energético, mientras que en Europa representa un 25%. El 47% de este consumo se relaciona en España con la calefacción y el 19%, con el agua caliente sanitaria. Desde el punto de vista medioambiental, cabe tener en cuenta que en la actualidad los sistemas de calefacción y de agua caliente tienen diversos niveles de emisión intradomiciliaria como al exterior de la vivienda que dependen tanto del combustible utilizado como de la tecnología de combustión. De acuerdo con la metodología de la Unión Europea, contenida en su la guía EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook-2009, las calefacciones y sistemas de agua caliente están vinculados a los siguientescontaminantes: partículas PM10 y PM2.5, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Estos contaminantes están asociados a la aparición y agravamiento de enfermedades de tipo respiratorio, cardiovasculares y cánceres.
Con el fin de estimular el uso de instalaciones solares en los hogares para disminuir tanto el consumo energético no renovable como los efectos nocivos sobre el medioambiente, en el Código Técnico de Edificación en España se estableció que los proyectos de nueva construcción o rehabilitación de edificios tuvieran que incluir sistemas de energía solar que cubran entre un 30 al 70% de las necesidades de agua caliente en los hogares. El establecimiento de esta regulación dió lugar a una expansión de instalaciones solares. Sin embargo, el declive de la construcción de nuevos edificios en los últimos años asociado a la crisis económica ha determinado que la instalación de paneles solares nuevos disminuyera. El estímulo mediante otras medidas es, entonces, adecuado.
En España, por ejemplo, los ayuntamientos tienen la capacidad para establecer bonificaciones fiscales sobre los impuestos locales, con los límites establecidos en el Real Decreto 2/2004. Así, pueden establecer una bonificación de hasta el 50% del IBI en viviendas en las que se instalen sistemas de energía solar térmicos (excluyendo las viviendas de nueva construcción). Estos sistemas solares tienen que estar homologados previamente.
El estudio de evaluación llevado a cabo en el ámbito de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente por los profesores Sánchez-Braza y Pablo-Romero y publicado en 2014 en la revista Energy Policy concluye que el establecimiento por parte de los ayuntamientos de estas bonificaciones fiscales genera un incremento porcentual de metros cuadrados instalados en las ciudades de entre el 70,74% al 98,38%. Estos incrementos, sin ninguna duda, redundarán no solo en un ahorro energético sino también en la salud de sus ciudadanos, entre ellos, los niños y niñas. Y todo ello, a partir de medidas implementadas en el ámbito urbano más cercano y en el que, por lo tanto, mayor capacidad de intervención tienes las personas: las ciudades.
María Pablo-Romero Gil-Delgado es Profesora Titular de Economía Aplicada del Dpto. Análisis Económico y Economía Política y Responsable de Área de Economía de la Energía y Crecimiento Económico de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente
Publicado en fundrogertorne.org
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